La lectura del documento técnico del Fondo Monetario Internacional publicado el 11 de abril, dice mucho más que lo expresado por el ministro de economía –Luis Caputo– o el presidente –Javier Milei– durante la jornada del viernes.
El acuerdo entre el gobierno argentino y el organismo internacional no arroja demasiadas sorpresas: reforma previsional, laboral, impositiva, privatizaciones, reforma en el régimen de coparticipación, entre otros compromisos que deberán pasar por el congreso.
En el documento se señala los avances del gobierno libertario en cuanto al control de la inflación (sin mencionar el último dato, correspondiente al mismo viernes), los indicadores a la baja en pobreza e indigencia del segundo semestre de 2024 (comparado con el primero del mismo año), y el ordenamiento fiscal llevado a cabo. En esos resultados el FMI sustenta el nuevo acuerdo por 20 mil millones de dólares, con un desembolso inicial de 12 mil millones, y con la primera revisión en junio de 2025, seguida por un nuevo desembolso de 2 mil millones de dólares.
En todo el documento subyace el acompañamiento «social y político» al programa económico del gobierno, aunque se considera la fragilidad y la volatilidad a propósito del ajuste que continuará llevándose a cabo:
«En el ámbito interno, la aún frágil situación social y el próximo ciclo electoral podrían aumentar la volatilidad y dificultar la implementación del programa. Dicho esto, no se pueden descartar los riesgos al alza derivados de la implementación constante de la agenda de reformas del gobierno».
Con respecto a la inflación, si bien se destaca la estabilidad con respecto a períodos anteriores se contempla que «la inflación se mantiene alta y persisten las preocupaciones sobre la calidad de los activos del banco central. Persisten obstáculos estructurales al crecimiento y la competitividad».
¿Qué adelanta el documento sobre las reformas?
El Fondo establece diferentes reformas que el gobierno argentino acuerda llevar a cabo, y las ubica después de las elecciones legislativas, de hecho el documento destaca la suspensión de las PASO.
Sobre las «Reformas de la política tributaria y la administración de ingreso», indica que «dadas las ya elevadas tasas impositivas legales, se priorizará la mejora de la eficiencia, la progresividad y el cumplimiento del sistema tributario. Se está trabajando para desarrollar una ambiciosa reforma tributaria neutral en materia de ingresos que elimine gradualmente los impuestos más distorsionantes (sobre transacciones comerciales y financieras), reduzca el gasto tributario ineficiente (previsto para ciertos grupos y regiones) y simplifique significativamente el sistema tributario. Se compartirá una propuesta de reforma con el personal del Fondo (finales de diciembre de 2025) y se espera que su implementación, que requerirá la aprobación del Congreso, comience a más tardar en 2026«.
Los cambios tributarios alcanzan a los impuestos provinciales, se indica que «para mejorar los incentivos fiscales y la disciplina en los distintos niveles de gobierno, las autoridades pretenden complementar la reforma tributaria a nivel federal, con una reforma del sistema de reparto de ingresos, que también se espera que aborde el conjunto altamente distorsionador y complejo de impuestos provinciales y municipales». Se tiene en cuenta para esto el «Pacto de Mayo», firmado por 17 gobernadores y el jefe de gobierno porteño el 9 de julio de 2024 en Tucumán.
El equipo técnico del organismo subraya que lograr un apoyo amplio al programa económico será «especialmente importante en futuras revisiones, ya que muchas de las medidas estructurales del programa —reformas tributaria, de coparticipación de ingresos, de pensiones y laboral, esenciales para mejorar la calidad y la durabilidad de la consolidación fiscal y fomentar la competencia— requerirán el apoyo del Congreso».
En el documento se adjunta la carta de solicitud firmada por Luis Caputo y Santiago Bausili, titular del Banco Central, confirmando el compromiso del gobierno con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, entre los que se encuentra avanzar en la eliminación fondos fiduciarios, asegurar la «privatización transparente de las empresas estatales incluidas en la Ley número 27.742, y publicar un informe de dichas empresas, junto con una hoja de ruta para su privatización y concesiones».