En un escenario político alterado por el año electoral, la detención de Cristina Kirchner y un creciente malestar en la calle, este martes 8 de julio caducan las facultades delegadas contempladas en la Ley Bases que está vigente desde junio del año 2024.
Este «superpoder» habilitó al ejecutivo a emitir decretos de necesidad y urgencia en áreas como la administrativa, económico‑financiera y energética. La herramienta otorgada con el acompañamiento de un sector de la oposición le dio la posibilidad a Federico Sturzenegger -Ministro de Desregulación- de hacer uso y abuso de la motosierra para avanzar con la eliminación, intervención y transformación de diferentes organismos, y efectuar unos 50.000 despidos en la órbita estatal.
Sin estas facultades el gobierno de Javier Milei deberá negociar con el congreso y las provincias aquellas modificaciones que requieran acompañamiento legislativo. El vínculo con los gobernadores en este momento no es el mejor, ya que se consolida la mesa y los proyectos para la distribución de fondos en las provincias.
En los últimos días se adelantó en el diario La Nación que la Dirección Nacional de Vialidad sufrirá los efectos de la motosierra y sera disuelta, al igual que la Comisión Nacional del Tránsito, la Comisión Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se espera que esos cambios se concreten por decreto antes de la fecha de caducidad de las facultades.
Además, ante el escaso ingreso y la necesidad de divisas el gobierno acelera con la posibilidad de rematar las empresas del Estado. Tambien en La Nación adelantan que esta semana se firmarían decretos que autoricen la privatización de tres empresas, aunque se habla de la privatación de unas 20 compañías estatales.
Más allá de la fecha límite, en las últimas semanas el equipo del presidente evaluaba las posibilidades de prorrogar las facultades por algunos meses sin acudir al congreso, a través de otro decreto presidencial, aunque esta posibilidad seguramente derivaría en presentaciones judiciales.
Facultades delegadas ¿Qué son?
Cuando se presentó la Ley de Bases el gobierno pretendía declarar la emergencia y obtener facultades delegadas en 11 materias: económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. La delegación tenía un plazo de 2 años, prorrogable por otros 2 años a discreción del Ejecutivo. Pero la versión que prosperó dejo cuatro áreas: administrativa, económica, financiera y energética, y redujo el plazo a un año .
En el artículo 76 la Constitución nacional “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública”, por eso primero había que declarar la emergencia. Durante el plazo que tienen vigencia esas facultades, el presidente con su firma y la del jefe de gabinete, pueden llevar a cabo funciones legislativas a través de decretos.