Hace unos días el gobierno de Javier Milei dispuso intervenir administrativamente el Puerto de Ushuaia -Tierra del Fuego- por un período de 12 meses, aduciendo supuestas irregularidades financieras y deficiencias en la infraestructura.
La noticia no tuvo la repercusión que amerita, el gobierno nacional dio un zarpazo sobre una provincia con gobierno opositor sobre un recurso geopolítico estratégico: el puerto representa la puerta de entrada a la Antártida. Lo hizó además mientras Javier Milei se sumaba en Davos al Consejo de Paz de Donald Trump, aparentemente eximido de cumplir con una membresía de 1.000 millones de dólares prevista para el ingreso de socios.
De esta manera el control operativo y financiero del Puerto de Ushuaia fue asumido por el Gobierno Nacional, una medida que fue rechazada por las autoridades provinciales prestas a realizar una presentación judicial.
La intervención se llevo a cabo de madrugada, sin previa advertencia, ya que las autoridades provinciales fueron notificadas en lamadrugada del 21 de enero, a las 00.03, con la presencia masiva de la Gendarmería en las inmediaciones del Puerto.
Los trabajadores y directivos provinciales fueron desplazados, y no pueden ingresar a sus lugares de trabajo, aunque sí un grupo que pertenece al gremio que concretó la denuncia que sirvió al gobierno nacional de excusa para motorizar la intervención. Esa denuncia administrativa fue presentada por Juan Avellaneda, titular del Sindicato Unión de Personal Superior Ferroviario.
Hace dos semanas, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, había advertido en una entrevista la pretensión de Milei de “intervenir el Puerto de Ushuaia para entregarlo a Estados Unidos. Están avasallando el federalismo de las provincias”.
Hasta aquí el puerto era gestionado por la Dirección Provincial de Puertos dependiente de la provincia de Tierra del Fuego. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, encargada de la auditoría que fundamentó la decisión, señaló que la provincia de Tierra del Fuego utiliza el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, y que de esta manera incumpliría el convenio de transferencia de control del puerto que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.
La respuesta de la provincia
A través de un comunicado que compartió el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur -Gustavo Melella- repudiaron la intervención del puerto.
“No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto e, incluso, el propio acto administrativo de intervención dispuesto por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación”.
El comunicado destaca que “el puerto ha crecido y funciona con total normalidad” y que “en esta temporada se esperan más de 525 recaladas de cruceros de gran porte y buques en general” y pone el foco en la Ley Provincial 1596 -que fue aprobada por unanimidad- y que en uno de sus artículos estipula que el superávit del puerto podrá destinarse al fortalecimiento de la OSEF (Obra Social del Estado Fueguino), aunque aclaran que desde la sanción de la ley no se hizo efectivo el traspaso de fondos.
Al cierre del comunicado, la Provincia subraya que “esta intervención constituye un avasallamiento” a la autonomía de Tierra del Fuego, que impacta sobre el trabajo y la actividad productiva de la región; y subraya que “el Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”.