Este martes la justicia le dio la razón a las Madres de Plaza de Mayo y ordenó dejar sin efecto la resolución 45/2024 del Ministerio de Capital Humano, y disponer la “inmediata apertura” de la sede de la UNMa, para lo cual contempla que se disponga de los fondos presupuestarios que legalmente corresponden para que puedan desarrollarse las actividades en el penal de Marcos Paz (donde la universidad brinda clases).
Pero más allá de esa sede, la jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contable Administrativo de San Martín, ordena el reconocimiento del Conejo Superior de la UNMa y cese de la clausura del establecimiento y la presencia de efectivos policiales hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La medida había sido solicitada por las Madres de Plaza de Mayo y un conjunto de trabajadores no docentes, docentes y estudiantes de la sede Marcos Paz. La resolución judicial implica el reconocimiento a la autonomía universitaria que en el mes de marzo había confirmado, mediante asamblea, a Cristina Caamaño como su rectora.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo no recibe fondos, y sus docentes y trabajadores llevan 11 meses sin percibir haberes. En julio de este año el gobierno designó como rector “normalizador” a Eduardo Maurizzio, en los hechos una intervención.
En el mes de septiembre la policía irrumpió en la sede central impidiendo el ingreso y egreso de personas, una situación que tuvo de rehenes -durante horas- a autoridades, docentes y alumnos, entre ellos la rectora Caamaño.
La UNMa fue reconocida como universidad nacional recién en 2023, pero cumplirá 25 años dictando clases y carreras con énfasis en Derechos Humanos y política.